La laicidad en el ámbito municipal

La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Carta de Ricardo Zabau

Para un ciudadano o una ciudadana del mundo, una propuesta de ciudad para convivir debe ser necesariamente laica, si definimos la laicidad como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos. La laicidad hunde sus raíces en un profundo respeto a la libertad de conciencia de las personas y a los Derechos Humanos, como marco ético común de toda sociedad democrática. Por todo ello, el ayuntamiento, como casa común de toda la ciudadanía, debe constituirse en un lugar neutro desde la perspectiva de las creencias, en un lugar de acogida para toda persona, siendo la propia administración quien garantice dicha neutralidad. La laicidad pretende un orden político al servicio de los ciudadanos, en su condición de tales y no por sus identidades étnicas, nacionales, religiosas, etcétera.

La laicidad descansa en tres pilares: la libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre pero sólo compromete a los creyentes, y que el ateísmo es libre pero sólo compromete a los ateos; la igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del ateísmo; y la universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo.

Para hacer realidad todo esto, los ayuntamientos deberán elaborar un reglamento en el que queden recogidos tanto los fundamentos enumerados como las acciones necesarias para desarrollarlos.

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